El amanecer en la frontera entre Venezuela y Colombia del 10 de enero de 2025 fue distinto. En los pasos usualmente transitados por comerciantes, viajeros y familias, el silencio predominaba. Una orden inesperada, emitida por el gobernador del estado Táchira, Freddy Bernal, cambió la rutina habitual: la frontera fue cerrada, bajo el argumento de proteger la paz del país de una supuesta “conspiración internacional”.

Bernal explicó que la medida, dictada por el presidente Nicolás Maduro, busca garantizar la estabilidad durante la investidura presidencial, prevista para los próximos días. “Hay movimientos coordinados que buscan desestabilizar a Venezuela. Actuamos en defensa de nuestra soberanía”, declaró el funcionario.

Sin embargo, el cierre no fue solo una cuestión política. Para quienes dependen del tránsito diario entre ambos países, como los pequeños comerciantes de Cúcuta o los agricultores de Táchira, esta decisión tiene un impacto profundo. Ana Márquez, una vendedora de frutas del mercado La Parada, expresó su preocupación: “Esto nos golpea. Sin el paso, no puedo vender mis productos y alimentar a mis hijos”.

Mientras tanto, en el plano político, la decisión fronteriza intensificó la polarización. La oposición, liderada por Edmundo González, denunció que el cierre es una estrategia del oficialismo para controlar la narrativa en un momento clave. González, exiliado en España, intenta regresar al país para simbolizar su rechazo a los resultados electorales que reeligieron a Maduro.

No es la primera vez que Venezuela utiliza el cierre de fronteras como herramienta política. En 2019, decisiones similares fueron tomadas bajo pretextos de seguridad, lo que generó tensiones diplomáticas con Colombia. Ahora, nuevamente, los ecos de ese pasado resuenan, y la comunidad internacional observa con cautela.

El presidente colombiano, Gustavo Petro, se mostró crítico ante los recientes eventos en Venezuela, destacando la importancia de garantizar derechos básicos en un contexto donde la estabilidad regional parece frágil.

La frontera cerrada no solo separa físicamente a dos naciones. Para muchos, simboliza la desconexión entre quienes toman decisiones desde el poder y los ciudadanos que enfrentan sus consecuencias. Con la promesa de reabrir el paso el 13 de enero, las preguntas persisten: ¿cuál será el costo real de estas decisiones? ¿Y cómo impactará esto en una región ya debilitada por años de inestabilidad?